El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) ha expresado su preocupación respecto al proyecto de ley que busca incorporar la figura penal del «ecocidio» al Código Penal de la Nación. A través de una carta enviada a los senadores, el CAA subraya los graves riesgos que esta legislación podría representar para la actividad productiva del país.
La misiva, firmada por el presidente del CAA, Gustavo Idígoras, destaca que el dictamen sobre ecocidio, que fue elaborado por las Comisiones de Justicia y de Ambiente, se discutirá en el Senado esta semana. En la carta, se manifiesta la profunda preocupación del sector agroindustrial y alimenticio frente al avance de esta normativa, que ya había sido rechazada anteriormente por el CAA y la COPAL.
En el documento, el CAA argumenta que el texto del dictamen contiene defectos de técnica legislativa que comprometen la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de actividades en sectores como la agricultura, la ganadería y la minería. Aseguran que, de ser aprobado en su forma actual, el proyecto se convertiría en una herramienta de coacción judicial capaz de paralizar sectores clave de la economía nacional.
El CAA ha señalado varios puntos críticos del proyecto, entre los que se incluyen:
Vulneración del Principio de Taxatividad Penal: La definición de ecocidio se amplía de tal manera que cualquier incumplimiento normativo podría convertirse en un delito federal.Eliminación del Incentivo a la Remediación Ambiental: La normativa no reconoce esfuerzos de mitigación, penalizando a las empresas incluso si toman medidas para remediar daños.Tipificación Culposa en Delitos de Máxima Gravedad: Permite la persecución penal por negligencia, exponiendo a los responsables a penas severas por incidentes imprevistos.Sanciones Confiscatorias: El dictamen prevé multas que podrían llevar a la quiebra técnica a las empresas.Imputación Diferida: Se establece una responsabilidad penal que podría extenderse indefinidamente en el tiempo.
Además, el CAA advierte sobre el riesgo del uso estratégico del concepto de ecocidio por grupos activistas, lo que podría resultar en litigios injustificados contra actividades productivas que cumplen con la normativa vigente.
En el marco de este debate, el vicepresidente de la CRA, José Colombatto, también ha manifestado su rechazo al proyecto, enfatizando que «no necesitamos leyes que pongan bajo sospecha al que produce». Durante su intervención en la Expo Rural de Colón, Colombatto destacó la necesidad de establecer reglas claras que no afecten la libertad de producción e inversión.
El CAA concluye su carta solicitando que no se avance con la discusión del proyecto, ofreciendo su disposición para proporcionar informes técnicos sobre el impacto de esta iniciativa en el ámbito macroeconómico y constitucional.
Fuente: Info Campo
