La reciente colaboración entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la asociación civil CRISOL ha generado un nuevo debate en el ámbito agropecuario. Esta alianza ha presentado una herramienta destinada a validar el cumplimiento de derechos laborales y humanos de los productores de soja y carne bovina que exportan a la Unión Europea (UE), en complemento a la trazabilidad ambiental garantizada por el VISEC.
Sin embargo, el mecanismo propuesto por UATRE para certificar el cumplimiento de estas obligaciones laborales ha suscitado preocupaciones entre los sectores rurales. La iniciativa contempla la emisión de una “Constancia de Legalidad”, que permitiría a la UATRE enviar “revisores” a los campos inscritos en el VISEC, con el fin de llevar a cabo el proceso de certificación en cualquier momento.
Advertencias de Confederaciones Rurales Argentinas
Por esta razón, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ha emitido un comunicado alertando sobre los posibles riesgos asociados a esta situación. La entidad advierte que, de ser aprobada la propuesta, se permitiría la entrada de representantes sindicales a los establecimientos rurales para verificar el cumplimiento de la legislación laboral, algo que actualmente no está permitido por la ley.
“Ante el reciente anuncio del acuerdo entre UATRE y VISEC, CRA considera necesario alertar a los productores sobre los alcances del sistema”, indica el comunicado. Además, enfatiza que es fundamental que los productores estén informados sobre si las condiciones de adhesión implican la autorización de visitas sindicales sin la intervención de organismos públicos competentes.
Legislación vigente y sus implicancias
CRA recuerda que la legislación actual estipula que los delegados sindicales deben trabajar en conjunto con inspectores de la autoridad de aplicación y únicamente en calidad de veedores. Esta normativa está respaldada por el artículo 43 de la Ley 23.551 y el artículo 26 de su Decreto Reglamentario 467/88.
La organización recalca que, aunque la adhesión a la plataforma privada de certificación es voluntaria, esto no implica una obligación legal de permitir inspecciones sindicales autónomas. CRA reafirma su compromiso con el trabajo registrado y el cumplimiento de la legislación laboral, pero sostiene que cualquier mecanismo privado de certificación debe respetar las competencias y procedimientos establecidos por las leyes argentinas.
Fuente: Info Campo
