Antes de 2008, el paisaje de las rutas argentinas estaba marcado por la presencia de cultivos de soja al costado de las carreteras. Esta práctica, motivada por la alta rentabilidad del cultivo, se realizaba frecuentemente en zonas de acceso público, lo que planteaba diversos riesgos.
Sin embargo, tras el conflicto entre el sector agropecuario y el Gobierno en 2008, se suspendieron los permisos para estas siembras, y las altas retenciones hicieron que el cultivo de soja en áreas adyacentes a las rutas dejara de ser atractivo.
Renovadas propuestas en el Congreso
Actualmente, dos iniciativas en el Congreso están en debate, con el objetivo de rehabilitar la posibilidad de sembrar soja en espacios adyacentes a las rutas nacionales. Según la Fundación Barbechando, las propuestas, impulsadas por Javier Sánchez Wrba (PRO) y Agustina Propato (UXP), permitirían recuperar unas 50.000 hectáreas para la producción agrícola, bajo condiciones específicas y permisos controlados.
Los proyectos destacan que se busca utilizar superficies que actualmente no tienen uso productivo, asegurando que no se sembrará en las banquinas ni en las franjas de seguridad vial. La propuesta pretende revertir la prohibición establecida en 2008 que limitaba el uso de estos espacios para la siembra, cultivo y cosecha.
Impacto potencial en la producción nacional
Los proyectos sugieren que, si se habilitaran aproximadamente dos hectáreas por cada kilómetro de las zonas productivas, se podrían sumar unas 50.000 hectáreas a la producción nacional, considerando la Red Vial Nacional de aproximadamente 40.000 kilómetros. Barbechando también menciona que hay antecedentes en otras jurisdicciones donde se ha compatibilizado el uso vial con actividades productivas reguladas.
Un ejemplo es la provincia de Buenos Aires, donde la Ley N.º 10.342 permite a los municipios otorgar permisos de uso precario en franjas adyacentes a rutas. Existen experiencias exitosas de este tipo en localidades como 9 de Julio.
Prioridad para los productores locales
Según el proyecto de Sánchez Wrba, los productores que tengan terrenos linderos a las rutas tendrían prioridad para obtener permisos de uso productivo, mediante el pago de un canon. En cuanto al destino de los fondos recaudados por estos permisos, la propuesta del PRO se destinaría al mantenimiento de la Red Vial Nacional, mientras que la de UXP tendría un enfoque social y cooperativo.
La discusión que se inicia en el Congreso plantea una cuestión fundamental: ¿es viable generar actividad productiva y recursos para el mantenimiento vial en tierras adyacentes a las rutas sin comprometer la seguridad vial? Ambas propuestas buscan demostrar que es posible, siempre que se garantice una regulación y control adecuados sobre las superficies autorizadas.
Fuente: Info Campo
