En una reciente reunión en la Cámara de Diputados, intendentes y legisladores expresaron su preocupación por el estado crítico de la infraestructura vial en el país, destacando el deterioro severo de la red federal de rutas y el desvío de fondos destinados a su mantenimiento.
La comisión de Obras Públicas, que se llevó a cabo sin la presencia de representantes de La Libertad Avanza, sirvió como plataforma para que los funcionarios alertaran sobre el destino de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) mencionó la presentación de un amparo colectivo ante la Justicia Federal para exigir respuestas al ministro de Economía y otras autoridades sobre las partidas no ejecutadas.
Los fondos en cuestión ascienden a cerca de un billón de pesos, monto que podría permitir la recuperación de entre 20.000 y 25.000 kilómetros de calzadas deterioradas. Patricia Mazzitelli, de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, calificó la situación actual como el «vaciamiento más grave» en años, señalando que los recursos asignados a las rutas han disminuido un 85% en términos reales desde 2017.
Asimismo, Mazzitelli denunció un ajuste presupuestario en mayo, que redujo los fondos de Vialidad de 396.000 millones a 296.000 millones de pesos, afectando programas fundamentales como Rutas Seguras. También se cuestionaron las 3.300 desvinculaciones de profesionales y técnicos en el organismo.
Respecto al ICL, Mazzitelli indicó que de más de 1.600 millones de pesos recaudados, solo se han ejecutado 530 millones, dejando un remanente sin usar de más de 1.071 millones de pesos. Esto se traduce en una ejecución real de apenas el 2,59% del total recaudado, lo que limita la posibilidad de mejorar la infraestructura vial, vital para la seguridad.
La falta de mantenimiento de las rutas se ha vinculado a un aumento en la siniestralidad, con el 65% de los accidentes fatales ocurriendo en tramos con severos desperfectos. Silvia González, de Estrellas Amarillas, subrayó la gravedad de la situación en cuanto a los fallecimientos por siniestros viales y criticó la falta de asistencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, acusó al actual gobierno de desviar recursos del ICL hacia otras áreas, en lugar de destinarlos a la reparación de las carreteras. Además, resaltó que el gravamen a los combustibles ha aumentado un 1200%</strong%, mientras que los precios de los combustibles han subido un 500% y la inflación acumulada es del 300%.
Katopodis concluyó advirtiendo que el colapso vial pone en peligro sectores clave de la economía, como el desarrollo productivo en Vaca Muerta y las obras de infraestructura hidráulica necesarias para prevenir inundaciones.
En la reunión también participaron otros intendentes y referentes locales, quienes expusieron sus preocupaciones sobre el estado de las rutas y la falta de atención por parte del gobierno.
Fuente: NA
