El debate sobre la Ley de Semillas se ha convertido en un tema central dentro de la agenda del agro argentino en 2026. A pesar de los avances en la discusión, el país sigue operando bajo una legislación obsoleta de 1973, lo que genera tensiones entre los sectores de biotecnología y los productores.
Este año se destacó por un intercambio profundo sobre la necesidad de actualizar la normativa, lo que se abordó en la 3° edición de AGROMGMT, un evento organizado por Infocampo. En el panel titulado «Ley de Semillas y Propiedad Intelectual: ¿Quién paga la innovación?», participaron expertos de diversas áreas, incluyendo al presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, y el gerente de Relaciones Institucionales de GDM, Lucas Amadeo.
Un llamado a la acción
Durante el encuentro, se coincidió en que todos los sectores implicados están trabajando para encontrar soluciones a un problema que afecta la productividad agrícola del país. Amadeo subrayó que el tiempo dedicado a la discusión ha sido significativo: «En tres o cuatro meses hablamos más que en tres o cuatro años».
Sin embargo, la situación actual también revela las pérdidas que Argentina enfrenta. Amadeo señaló que desde hace más de diez años, solo el 20% de las hectáreas se siembran con semilla fiscalizada, y comparó la oferta de programas de mejoramiento de soja en Argentina con los 15 que existen en Brasil, argumentando que esto se traduce en rendimientos significativamente más bajos.
La urgencia de un nuevo marco normativo
El impacto económico de la falta de un marco claro de propiedad intelectual es considerable. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el estancamiento podría costar hasta 3.000 millones de dólares al país. Amadeo enfatizó que para atraer inversiones en el desarrollo de nuevas variedades, es esencial establecer reglas claras y justas.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, también participó en la discusión, destacando la necesidad de contar con un marco normativo que promueva la innovación y el desarrollo agrícola. Pino subrayó que un proceso de desarrollo de variedades puede tomar entre 10 y 15 años, lo que hace aún más urgente contar con previsibilidad.
Desafíos y oportunidades por delante
A pesar de los obstáculos, los panelistas coincidieron en que la aprobación de una nueva ley de semillas podría ser un catalizador para la inversión en el sector. Amadeo concluyó que, independientemente del resultado electoral de 2027, la oportunidad de avanzar está presente mientras se mantenga un marco normativo claro y atractivo para las empresas.
Este evento es solo un anticipo de los debates futuros sobre la agroindustria argentina, donde la necesidad de actualizar las normativas se presenta como un desafío inminente para el desarrollo del sector.
Fuente: Info Campo
