En un momento crítico para la relación entre el Gobierno argentino y los sectores agropecuarios, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) ha instado a la adhesión al convenio internacional UPOV-91. Este tratado establece normas de protección para las nuevas variedades vegetales, algo que se ha convertido en un tema central en las negociaciones sobre una nueva ley de semillas.
Alejandro Díaz, director ejecutivo y CEO de AmCham Argentina, señaló que la adhesión a UPOV-91 no solo es esencial para el desarrollo de la industria semillera en el país, sino que también representa un compromiso asumido por Argentina en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos. «El gobierno trató de buscar un acuerdo entre las partes en términos de propiedad intelectual a través de una nueva ley de patentes. No funcionó», afirmó Díaz durante un encuentro con periodistas.
La situación actual destaca las diferencias entre los productores agropecuarios y la industria semillera sobre el uso de semillas. Mientras que las entidades rurales buscan que menos del 30% de los productores de mayor escala paguen por el uso propio, la industria plantea incluir un porcentaje más alto, lo que ha llevado a un estancamiento en las negociaciones.
Desafíos en la Negociación de la Nueva Ley de Semillas
Díaz advirtió que la falta de consenso podría tener repercusiones en la relación bilateral con Estados Unidos, un hecho que aumenta la presión sobre el Gobierno para actuar. «Es una tomada de pelo», refiriéndose al bloqueo de una calle por un intendente, lo que pone de relevancia los desafíos que enfrenta el país en el sector agropecuario.
Los puntos de discusión incluyen quiénes deberán pagar por la reutilización de semillas y durante cuántos años se cobrarán las regalías. Los productores proponen un plazo de tres años para el cobro, mientras que la industria defiende periodos que podrían extenderse hasta 20 años.
Compromisos y Consecuencias
El acuerdo comercial con Estados Unidos exige que Argentina presente la iniciativa para adherir a UPOV-91 ante el Congreso antes de fines de 2027. Díaz recordó que la eliminación de restricciones para patentar innovaciones farmacéuticas y biotecnológicas también es parte de este compromiso. «Es uno de los compromisos que asumieron, con lo cual después se verá en el proceso qué compromisos no se cumplen y cuáles serán los impactos en la relación bilateral», afirmó.
A pesar de las tensiones, Díaz destacó que el Gobierno argentino tiene el tiempo necesario para presentar el proyecto de ley. «Nosotros, en la medida que vayamos avanzando en la dirección correcta, no tenemos demasiadas objeciones de los términos», concluyó.
Fuente: La Nación
