La Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó su inquietud ante la posible implementación de nuevos cargos para camiones en el partido de Ramallo, señalando que esta medida podría tener serias repercusiones en las actividades productivas y logísticas de la región.
Según el comunicado difundido en redes sociales, la SRA critica la intención del municipio de imponer una tasa sin contraprestación a los camiones que circulen por el Acceso Sánchez, un tramo crucial que conecta la Ruta Nacional 9 con diversas industrias y áreas portuarias.
Denuncia de FADEEAC
La controversia se intensificó cuando la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) anunció su intención de presentar una denuncia ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. La entidad sostiene que el municipio adjudicó a Plus Byte SRL la instalación de dos pórticos tecnológicos en el Acceso Sánchez, lo que podría resultar en cobros de hasta $37.000 por pesaje dinámico y $25.000 adicionales por el ingreso a predios industriales.
Comparaciones de costos
FADEEAC subrayó que este nuevo esquema de cobro incrementaría los costos operativos de transporte, siendo un 120% más caro que el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo. Además, recordó que el municipio ya cobra una tasa del 2% sobre cada litro de combustible en las estaciones de servicio locales, lo que añade presión sobre las empresas del sector.
Impacto en la producción agropecuaria
La SRA advirtió que cualquier aumento significativo en los costos de transporte debe ser evaluado cuidadosamente, dado que estos costos afectan toda la cadena productiva, desde el traslado de insumos hasta el acceso a puertos. La entidad enfatiza la necesidad de que las decisiones gubernamentales se enfoquen en mejorar la infraestructura y facilitar la circulación de bienes.
Cuestionamientos legales
FADEEAC también argumentó que la medida podría considerarse inconstitucional, ya que no existe una contraprestación directa y los fondos recaudados no están destinados a un servicio específico. La entidad solicitó al Ministerio de Economía una medida cautelar para suspender la implementación del sistema, similar a acciones previas contra otros municipios.
Preocupación entre empresarios
Más de un centenar de empresas de transporte e industrias de la zona han manifestado su preocupación por el impacto económico de esta medida, que podría representar un costo anual de entre $100 y $500 millones por empresa, afectando gravemente sus márgenes operativos y la continuidad de sus operaciones.
Las empresas advierten que este tipo de gravámenes no solo tienen un efecto local, sino que podrían establecer un precedente para la creación de barreras económicas municipales sin coordinación, lo que podría perjudicar aún más al comercio interior.
Fuente: Info Campo
