El Gobierno de Osvaldo Jaldo ha presentado un recurso extraordinario de casación en respuesta a un fallo que le ordena finalizar en 60 días con la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). Este régimen ha estado vigente desde julio de 2000, a pesar de que originalmente fue concebido como una medida excepcional y transitoria.
La decisión judicial fue emitida por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo el 10 de agosto. La Fiscalía de Estado busca que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revoque ciertos puntos de la sentencia que exige la cesación de la intervención y la conformación del Directorio estipulado por la legislación provincial.
La resolución cuestionada sostiene que la prolongación de la intervención por más de 26 años ha desnaturalizado su carácter temporal. Según la Ley 7.243, la intervención no puede extenderse más allá de 60 días y debe ser dirigida por un presidente y dos vocales titulares designados por el Poder Ejecutivo, con el acuerdo de la Legislatura.
Un día después de la sentencia, Jaldo afirmó su intención de respetar la división de poderes y acatar la decisión judicial. Sin embargo, la reciente casación presentada el 24 de agosto contradice esa postura, buscando dejar sin efecto la orden de normalización del IPLA.
El recurso de apelación plantea varios cuestionamientos. En primer lugar, argumenta que los demandantes, propietarios de salones de fiestas, no han demostrado un perjuicio personal relacionado con la conducción del IPLA. La defensa provincial sugiere que estos individuos podían reclamar por cuestiones específicas como cánones o multas, pero no pueden actuar como controladores del organismo.
Además, se critica al fallo por aplicar criterios contradictorios en la evaluación de la legitimidad de los demandantes y por imponer al Ejecutivo una solución específica sin tener en cuenta el acuerdo legislativo necesario para la integración del Directorio.
La apelación, aunque es una herramienta procesal válida, no implica necesariamente un incumplimiento de la resolución judicial. Actualmente, no existe una sentencia firme que establezca cómo debe concluir la intervención en el IPLA.
Este conflicto se complica con la reciente prórroga de la intervención, que fue firmada el 4 de agosto y comenzó a regir el 12 de agosto, justo antes de la sentencia judicial. La administración de Jaldo ha indicado que está considerando la normalización del instituto, lo que añade una capa de complejidad a la situación.
La Provincia ha dejado abierta la posibilidad de un recurso federal, dependiendo de la decisión de la Corte tucumana respecto a la sentencia. La casación presentada aún está pendiente de resolución, lo que mantiene en un estado de incertidumbre el futuro del IPLA.
Fuente: NA
