La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca) expresó su creciente preocupación ante el posible tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto de ley que busca incorporar el delito de “ecocidio” al Código Penal. Esta inquietud se suma a las alertas previamente emitidas por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).
Fearca, a través de un comunicado, destacó el compromiso del sector agropecuario con la protección del medio ambiente, pero enfatizó que cualquier respuesta legislativa debe reflejar la realidad de las actividades productivas, estableciendo reglas claras y técnicamente verificables. La organización manifestó su principal preocupación respecto al alcance que podría tener una figura penal basada en conceptos amplios, cuya interpretación podría variar según criterios judiciales.
ECOCIDIO: RIESGO DE CRIMINALIZAR LA PRODUCCIÓN
Desde la Federación, se argumenta que el verdadero riesgo surge cuando una actividad legalmente autorizada y sometida a controles específicos podría ser penalizada debido a una interpretación posterior sobre su impacto ambiental. Diego Martínez, presidente de Fearca, afirmó: “Producir dentro de la ley no puede convertirse en un delito. Cuidamos el ambiente y mejoramos nuestras prácticas, pero necesitamos normas que definan con precisión qué conducta constituye un delito.”
Fearca subraya la necesidad de distinguir entre conductas deliberadamente dañinas y actividades productivas que se rigen por normativas vigentes. La actividad agroaérea, por ejemplo, opera bajo un marco de controles y regulaciones específicas que ya establecen sus propias sanciones ante incumplimientos.
ECOCIDIO: EVITAR SUPERPOSICIÓN DE SANCIONES
La Federación también advirtió sobre la importancia de que una nueva figura penal no genere una superposición de sanciones sobre conductas ya reguladas. “No podemos tener un sistema en el que una actividad cumpla con normativa específica y, al mismo tiempo, quede expuesta a sanciones penales por la misma conducta”, agregó Martínez.
Fearca sostiene que cualquier modificación del régimen penal ambiental debe definir con claridad cuándo una acción constituye un delito y cómo se relaciona con las sanciones administrativas existentes. Además, resaltó que la discusión sobre la posible ampliación de la responsabilidad penal ambiental podría impactar a diversos actores en el sector agropecuario, incluidos productores, contratistas y profesionales.
PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL: UN OBJETIVO COMPARTIDO
La clave, según Fearca, reside en entender que proteger el medio ambiente y producir alimentos no son objetivos contradictorios. La actividad agropecuaria está en constante evolución, incorporando nuevas tecnologías y prácticas orientadas a mejorar la eficiencia y reducir impactos ambientales.
Martínez enfatizó que el desafío radica en implementar mejores prácticas y controles eficientes dentro de un marco jurídico que brinde previsibilidad. Además, subrayó que la seguridad jurídica es esencial para fomentar inversiones en el sector, destacando que las incertidumbres normativas pueden afectar negativamente las decisiones de inversión y el desarrollo de las economías regionales.
“Una legislación ambiental eficaz debe ser capaz de sancionar daños graves sin poner en riesgo a actividades productivas que operan dentro de la legalidad”, concluyó.
ECOCIDIO: UNA DISCUSIÓN NECESARIA
Ante el inminente debate parlamentario, Fearca instó a que el proyecto sea evaluado con la participación de las entidades productivas y profesionales del sector. La Federación reiteró su disposición para contribuir a la discusión, enfatizando que el sector agropecuario no se opone a la protección ambiental, sino que busca una legislación fundamentada que no penalice lo que está regulado por el Estado.
Fearca reafirmó su compromiso con una producción agropecuaria sustentable, eficiente y responsable, subrayando que el desarrollo de nuevas tecnologías debe ir acompañado de políticas públicas que promuevan buenas prácticas. “La protección ambiental debe ser compatible con la producción, el empleo y las inversiones”, concluyó.
Fuente: Info Campo
