El reciente fin de semana largo, que incluyó la visita del papa León XIV, no logró calmar la tensión en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Esta organización, parte de la Mesa de Enlace, se encuentra en una intensa lucha contra la imposición de los frigoríficos exportadores de inscribir a los productores de hacienda en la plataforma VISEC, en cumplimiento de un reglamento europeo antideforestación.
El conflicto ha escalado, generando una ruptura formal con la Sociedad Rural Argentina (SRA). A pesar de que el sábado la Mesa de Enlace intentó proyectar una imagen unida durante la Fiesta Nacional del Arroz en Entre Ríos, las diferencias son evidentes. En este marco, el secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, escribió una columna de opinión en la que aclaró que la entidad no se opone al VISEC, sino a su imposición obligatoria, sugiriendo que existen alternativas de validación.
Preocupaciones sobre la cartelización
En su análisis, Luna Vázquez insinuó que el interés por reunir datos en el VISEC podría derivar en una eventual «cartelización» de precios en el mercado cárnico. Por ello, no descartan la posibilidad de acudir a Defensa de la Competencia para que intervenga ante estas prácticas.
El reglamento europeo y sus implicancias
El reglamento europeo (UE 2023/1115), que comenzará a regir el 30 de diciembre de 2026, impone requisitos a los operadores que introducen productos en el mercado europeo, pero no obliga a los productores argentinos a inscribirse en el VISEC. La confusión radica en que cumplir con las exigencias externas no implica aceptar que una plataforma privada controle las condiciones de venta.
CRA argumenta que mientras la norma esté vigente, los productores deben poder vender a Europa sin depender de una entidad privada. Además, el canciller Pablo Quirno ha calificado la normativa como «neoproteccionismo ambiental», lo que añade una capa de complejidad al debate.
Alternativas disponibles
La Secretaría de Agricultura ha implementado un Directorio de Esquemas de Diferenciación, promoviendo opciones para la trazabilidad sin depender exclusivamente de una plataforma privada. Las provincias también han demostrado su capacidad para desarrollar herramientas públicas que validen la producción local, lo que resalta la diversidad de opciones disponibles para los productores.
Demandas de CRA al Estado Nacional
CRA plantea que el Estado debe desarrollar herramientas públicas de validación y reconocer los registros oficiales, evitando que la validación recaiga en entidades privadas. La organización enfatiza que, sin un control público, el poder de compra se transforma en poder de regulación, lo que puede perjudicar a los productores.
En conclusión, CRA sigue abogando por un modelo donde los productores mantengan el control sobre su información y se eviten prácticas que puedan perjudicarlos. La lucha contra la imposición de requisitos externos continúa, con la firme decisión de que el productor argentino no quede subordinado a una plataforma privada.
Fuente: Info Campo
