En el marco de un debate que se ha intensificado en los últimos meses, la mesa de trabajo técnico sobre la ley de semillas ha decidido continuar discutiendo qué productores estarán exceptuados del pago por el uso propio de semillas, que actualmente es gratuito por ley. Este avance refleja un compromiso por parte de las entidades de la Mesa de Enlace y la industria semillera, aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.
La legislación vigente, que data de 1973, ha quedado obsoleta en un contexto donde la soja y la biotecnología agrícola han ganado protagonismo. A pesar de los esfuerzos realizados en las reuniones, el consenso sobre las excepciones al pago por uso propio sigue siendo un tema debatido. En un comunicado, la Mesa de Enlace indicó que se han realizado ejercicios concretos sobre distintas posturas y escenarios, buscando alternativas para el uso gratuito en una posible ley de semillas reformada.
Uno de los puntos más importantes de la discusión es el modelo anterior que permitía 500 hectáreas de libre disponibilidad. Este modelo ya no es válido, y los líderes del sector buscan establecer un sistema más justo y equilibrado. Un primer entendimiento es avanzar utilizando el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) como herramienta de trabajo, en lugar de simplemente un método de cálculo. Este sistema incluye información sobre la superficie de cultivo y se está evaluando cuántas hectáreas serán consideradas para la excepción.
La conversación gira en torno a la soja, pero también abarca cultivos de economías regionales, como las legumbres. Este asunto no solo afecta a multinacionales del sector, como Bayer o BASF, sino también a empresas locales y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que ha estado trabajando en la mejora genética de cultivos. Sin una actualización de la ley, Argentina corre el riesgo de quedar rezagada frente a países como Brasil, donde ya se han desarrollado varias generaciones de tecnologías avanzadas.
Por el momento, el único acuerdo claro es el uso de los deciles del SISA para el cálculo, y aunque hay avances, la situación aún no se ha resuelto completamente. Las partes involucradas han manifestado la importancia de mantener la calma y el compromiso de seguir trabajando en este tema crucial para atraer nuevas inversiones al sector. Recientemente, se reportó el interés de BASF en invertir en el negocio de semillas de soja en Argentina, condicionado a la resolución de este conflicto.
La tercera reunión de la mesa de trabajo tuvo lugar en la sede de la Asociación de Semilleros Argentinos, donde los representantes de la producción y la industria semillera destacaron los avances realizados en un corto período de tiempo. La construcción de consensos se presenta como un proceso gradual, que requiere un trabajo profesional e institucional significativo, dado el amplio espectro de intereses representados. Cada paso hacia adelante deberá ser validado y consultado con las bases involucradas.
El Gobierno también está pendiente de esta negociación, ya que se ha comprometido con Estados Unidos a presentar un proyecto de ley al Congreso para la adhesión al tratado Upov-91, que otorga un mayor reconocimiento a los derechos de los obtentores sobre el germoplasma.
Fuente: La Nación
