Los manifestantes rodearon la principal sede judicial del país y bloquearon el acceso al edificio donde se encontraban los jueces. Al final de la tarde, policías antidisturbios dispersaron con gases lacrimógenos a la multitud.
La Corte Suprema de Colombia denunció este jueves un «bloqueo violento e ilegal» a su sede principal por parte de cientos de manifestantes que respondieron al llamado del presidente, Gustavo Petro, para exigirle al tribunal que elija un nuevo fiscal general de una terna propuesta por el mandatario.
«La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de república (…) Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces», dijo a medios el presidente del alto tribunal, Gerson Chaverra, quien fue evacuado junto con los otros 22 magistrados, en medio de un fuerte operativo de seguridad.
Sindicalistas, estudiantes e indígenas respondieron a la convocatoria de Petro para manifestarse en las principales ciudades del país, mientras los magistrados sostenían una reunión infructuosa en Bogotá para elegir al sucesor del saliente fiscal, Francisco Barbosa, a quien Petro acusa de querer derrocarlo.
Los manifestantes rodearon la principal sede judicial del país y bloquearon el acceso al edificio donde se encontraban los jueces. Al final de la tarde, policías antidisturbios dispersaron con gases lacrimógenos a la multitud. Algunos respondieron lanzando piedras a la fuerza pública, que retomó el control de la zona, consignó la agencia de noticias AFP.
Los magistrados fueron evacuados en vehículos escoltados por policías sobre las 17:30 locales (19:30 de Argentina), según imágenes de la prensa local. «Son mis órdenes, garantizar la libre movilidad y nadie la obstaculiza en este momento», reaccionó Petro en la red social X (antes Twitter).
Para la Corte, las manifestaciones afectaron «gravemente el derecho a la libertad de locomoción» y pusieron «en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes» del Palacio de Justicia.
Las marchas fueron pacíficas durante la mañana, pero la situación escaló al mediodía, cuando el presidente del alto tribunal anunció que ninguna de las candidatas consiguió los 16 votos necesarios para asumir el cargo.
La falta de consenso favorece a la vicefiscal general Martha Mancera, quien está llamada a suceder a Barbosa, su actual jefe, una vez este finalice su periodo el 12 febrero y hasta que los magistrados elijan a un nuevo titular.
El tribunal no tiene un plazo máximo para designar al fiscal general y puede rechazar la terna del ejecutivo. En el pasado, los magistrados han llegado a dilatar la decisión hasta el cambio de gobierno.
De su lado, Petro sostuvo que «la corte suprema tiene el derecho y el deber de elegir fiscal libremente, y la ciudadanía tiene el derecho de manifestarse».
También pidió investigar la presencia de «infiltrados en las marchas con objetivos políticos» y divulgó un video en el que cinco hombres se abren paso entre la multitud y tratan sin éxito de derribar una barrera metálica en la entrada al Palacio.
El fin de semana Petro acusó al fiscal Barbosa de querer derrocarlo a través de una investigación a las donaciones que hizo a su campaña un sindicato de trabajadores, presuntamente violando los topes establecidos por la ley. También hizo un llamado a protestas, aunque este jueves suavizó el tono.
«La movilización de hoy no es cierto que sea ordenada por mí, ni que vaya en presión contra la corte a la que di todo mi respaldo y garantía. Si los grupos interesados deciden desesperadamente la ruptura institucional, habrá una respuesta popular contundente y sin violencia», escribió el mandatario en la red X.
La prensa local reveló el domingo un informe de inteligencia que implica a Mancera, mano derecha de Barbosa, en una trama para encubrir a un funcionario de la Fiscalía que presuntamente colaboraba con narcotraficantes.
En Medellín, Cali y otras cuatro ciudades también hubo manifestaciones en respaldo de Petro. Las autoridades no han dado un número estimado de asistentes.
En enero, la Fiscalía imputó cargos por lavado de activos contra Nicolás Petro, hijo del presidente. Según el organismo, éste habría recibido fondos del narcotráfico durante la campaña presidencial de 2022, en la que jugó un papel clave para ganar apoyos en el norte del país.
Nicolás Petro afrontará el juicio en libertad condicional y niega que su padre tuviera conocimiento sobre la entrada de dinero de narcotraficantes a su campaña.
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