Como resultado de las numerosas visitas y relevamientos realizados en distintas localidades
de la provincia, se ha constatado un incremento desproporcionado en las tarifas eléctricas
que ha afectado gravemente a un amplio sector de la población. Frente a esta situación,
desde la Defensoría del Pueblo del Chaco hemos presentado una acción judicial con el
objetivo de evitar que miles de usuarios sean privados del acceso a la energía eléctrica sin
contar con opciones de pago viables ni una revisión adecuada de sus casos particulares.
La acción judicial interpuesta solicita al Poder Judicial que:
● Se suspenda por 60 días la interrupción del servicio eléctrico a usuarios de las
categorías N y 3, a fin de evitar situaciones de vulnerabilidad extrema.
● No se proceda al retiro de medidores, garantizando el acceso continuo al servicio
mientras se analizan soluciones de pago adecuadas.
● Se establezcan planes de pago accesibles y acordes a la realidad económica
actual, permitiendo que los usuarios regularicen su situación sin exponerse a
sanciones desproporcionadas.
● Se disponga la revisión de aquellas facturas cuyos montos resulten excesivos
y no guarden relación con la situación socioeconómica del usuario,
garantizando el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad
que deben regir el servicio público de energía.
El esquema tarifario aplicado ha generado un quiebre en los mecanismos de protección
establecidos tanto en la Constitución Nacional como en la legislación vigente en materia de
servicios públicos y derechos de usuarios y consumidores. La falta de razonabilidad en la
aplicación de los incrementos tarifarios y la ausencia de medidas de mitigación han puesto
en riesgo el acceso a un servicio esencial, afectando el ejercicio de derechos fundamentales
como la salud, la seguridad y la vida digna.
Asimismo, si bien es necesario promover el uso racional y eficiente de la energía, este tipo
de medidas deben implementarse de manera progresiva y sostenida en el tiempo. No es
razonable exigir una reducción inmediata del consumo en pleno verano y en el contexto de
olas de calor extremas, sin haber realizado previamente campañas de concientización
adecuadas ni haber otorgado herramientas a los usuarios para gestionar su consumo de
manera efectiva.
Por estas razones, consideramos imprescindible que el Poder Judicial intervenga a fin de
garantizar que los chaqueños no sean privados del acceso a la energía eléctrica sin un
procedimiento adecuado que contemple su situación particular y respete los principios de
proporcionalidad y equidad en la prestación del servicio.
