Los cultivos genéticamente modificados han aportado a la economía argentina beneficios brutos acumulados de US$197.500 millones entre 1996 y 2025, según un reciente informe del Grupo CEO. Esta cifra representa una estimación máxima, que refleja el impacto significativo que estos cultivos han tenido en el país.
El estudio también revela que las exportaciones adicionales generadas por estos cultivos alcanzaron los US$187.400 millones hasta 2024, siendo la mayor parte de estas exportaciones, un 91%, correspondiente a harina y aceite de soja. Esta información fue presentada en un evento conmemorativo de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), que celebra 35 años de existencia y 30 años de cultivos transgénicos en Argentina.
Desde la autorización de la siembra de la primera soja genéticamente modificada en 1996, el país ha desarrollado un marco normativo que ha facilitado la evaluación de bioseguridad y la inocuidad de las semillas. La adopción de la soja RR creció notablemente, pasando del 5,5% al 84,4% del área sembrada en solo cinco años.
Según el informe, el marco institucional ha acompañado cada avance tecnológico. En 2015, Argentina se convirtió en el primer país en establecer un procedimiento para determinar si un producto de edición génica es un organismo genéticamente modificado. Este enfoque ha sido seguido por varios países de la región.
El estudio estima que la adopción de cultivos transgénicos ha agregado, en promedio, 6,1 millones de hectáreas anuales de soja, maíz y algodón. En 2024, la superficie adicional alcanzó los 7,9 millones de hectáreas.
El informe también analiza el beneficio por hectárea, que ha mostrado variaciones según el cultivo. En soja, el beneficio ha disminuido de US$30 a US$11 desde 2018, mientras que en maíz ha aumentado de US$31 a casi US$50 en el mismo período.
Entre 2021 y 2024, los cultivos transgénicos generaron un beneficio bruto promedio de cerca de US$9900 millones por año. Durante este tiempo, los productores retuvieron el 52,4% de los ingresos, el Estado captó el 20,2% a través de impuestos, y los contratistas de servicios obtuvieron el 9,6%.
Los autores del informe proponen modernizar el régimen de propiedad intelectual sobre semillas y fortalecer la innovación en áreas como inteligencia artificial y biología sintética. También sugieren una regulación moderna para los OGM y la armonización regulatoria con los mercados de destino.
El informe concluye que el desafío actual no solo consiste en aumentar la producción, sino en transformar el conocimiento en innovación y asegurar una integración de sostenibilidad y competitividad en el sector agropecuario argentino.
Fuente: La Nación
