Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina, instauradas con la intención de democratizar la estructura política del país, han mostrado una serie de desajustes entre sus objetivos y su funcionamiento real a lo largo de más de diez años.
Un aspecto crítico es el gasto público electoral. Actualmente, el costo de la política electoral ha alcanzado cifras alarmantes, demandando presupuestos de $575.000 millones. El Poder Ejecutivo ha planteado la posibilidad de reducir costos en más de US$ 200 millones mediante la eliminación de las PASO. Esta medida podría reducir gastos relacionados con campañas y logística electoral, como el trabajo del Correo Argentino, cuyo costo se estima en $225.113 millones, representando casi el 48% del presupuesto electoral total según un estudio de la Fundación Eforo.
A pesar de esta carga financiera, el uso de las PASO ha sido cuestionado debido a la falta de competencia real en muchos casos, donde las listas son a menudo consensuadas entre las cúpulas de las coaliciones mayoritarias. Esto ha llevado a un rechazo del 63% de los electores, según una encuesta reciente.
Asimismo, la superposición de calendarios electorales ha provocado una fatiga institucional, obligando a los ciudadanos a votar varias veces en un mismo año. Este fenómeno erosiona el valor del voto y transforma el debate en una lucha por cuestiones cortoplacistas. La desactualización de las multas por no votar ha contribuido al debilitamiento del voto obligatorio, lo que podría afectar negativamente la participación en elecciones futuras.
La brecha entre las primarias y las elecciones generales también contribuye a una incertidumbre económica. Este intervalo extiende los períodos de transición gubernamental y puede generar volatilidad en los mercados y parálisis en la inversión. La relación entre política y economía es innegable, y se requiere una revisión de estas dinámicas.
Ante esta problemática, se sugiere una reforma política centrada en dos pilares: la autonomía del financiamiento y la innovación tecnológica. Se propone eliminar la obligatoriedad de las primarias para ciudadanos no afiliados, devolviendo la selección de candidatos a las estructuras internas de los partidos. Esto aliviaría al contribuyente del costo de las disputas internas.
Además, se aboga por la implementación de tecnologías modernas como el voto móvil, que permitiría a los partidos optar por sistemas de votación electrónica descentralizados, reduciendo notablemente los costos asociados. Esta modernización no solo podría mejorar la eficiencia fiscal, sino que también incentivaría a los partidos a adaptarse y competir en un entorno cada vez más digitalizado.
Fuente: La Nación
