La Justicia ha decidido suspender el aumento en las tarifas de luz que había entrado en vigor desde agosto en la provincia de Buenos Aires. Esta medida cautelar fue solicitada por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
La resolución, adoptada por un juzgado de Bahía Blanca, afecta a varias empresas distribuidoras de energía, entre ellas Edelap, EDES, EDEA y EDEN. Con esta decisión, las compañías deberán revertir sus tarifas al cuadro anterior al incremento. Aquellos usuarios que ya habían abonado los nuevos montos verán reflejado un saldo a favor en su próxima factura.
“Tras una presentación que hicimos desde la Defensoría, la Justicia ordenó suspender el aumento de la tarifa eléctrica en la Provincia. Las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente”, afirmó Lorenzino en sus redes sociales tras la resolución.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, dirigido por Agustín López Coppola, suspendió la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos del gobierno de Axel Kicillof, que preveía la aplicación de tarifas aumentadas desde el 1° de agosto.
La Defensoría del Pueblo argumentó que la medida busca proteger los derechos económicos de los consumidores y garantizar el derecho constitucional a una información adecuada y a la participación en la toma de decisiones tarifarias. Lorenzino había cuestionado especialmente el incremento del componente del Valor Agregado de Distribución (VAD), que es lo que se paga a la empresa distribuidora por la entrega de energía a los hogares y comercios.
Según su postura, antes de implementar nuevos aumentos, es necesaria una audiencia pública que permita la participación de los usuarios y el acceso a información completa. La respuesta del Gobierno bonaerense indicaba que ya había habido una audiencia donde se establecieron criterios para el cálculo de las tarifas, aunque esta se realizó en 2016, lo que motivó al juez a dar lugar a los argumentos presentados por la Defensoría.
Fuente: La Nación
