En los últimos días, jueces de varias provincias han comenzado a abordar la crisis vial que afecta a Argentina desde hace años. La situación se caracteriza por contratos incumplidos, peajes congelados y obras públicas paralizadas, lo que ha llevado a un deterioro significativo de las rutas del país. Las sentencias recientes, que instan a mantener y reparar las carreteras, parecen más declarativas que efectivas, dejando muchas preguntas sobre su capacidad real para generar cambios.
Uno de los pronunciamientos más recientes proviene del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, quien ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) la reparación inmediata de las rutas nacionales 7, 8 y 33. Esta decisión surge a partir de un amparo presentado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, quien esperó 17 meses para recibir el fallo. Este lapso pone en evidencia las limitaciones de un juez provincial al intentar influir en la gestión del Estado nacional.
Las sentencias no son aisladas; representan la sexta resolución en un periodo de 14 meses, que afectan a al menos cuatro provincias. En junio de 2025, el juez Aldo Alurralde ordenó la reparación de más de 110 kilómetros de la ruta 11, mientras que en Formosa, el juez Pablo Morán también impuso plazos para bachear y limpiar varias rutas. Sin embargo, muchos de estos fallos han sido seguidos de respuestas insuficientes por parte de la DNV.
Un caso emblemático es el de Salta, donde a pesar de una orden judicial clara, el Estado ha apelado y retrasado la ejecución de las obras. A pesar de que el plazo para realizar las reparaciones venció hace meses, el deterioro de la ruta persiste sin cambios significativos.
La situación se complica aún más considerando que las rutas mencionadas han sido recientemente concesionadas por 20 años. Esto plantea un escenario donde Vialidad podría argumentar que ya existe un plan de acción a través del concesionario, lo que limita la capacidad de respuesta inmediata a las sentencias. Además, la DNV ha justificado su inacción alegando restricciones presupuestarias, a pesar de que el Sistema Vial Integrado (Sisvial) ha recaudado $1,5 billones, de los cuales solo una fracción ha sido destinada a obras viales.
El hecho de que existan fondos designados para la infraestructura vial, que están siendo utilizados en otras áreas, genera un contexto administrativo y judicial complicado. Las sentencias, aunque legítimas, enfrentan la dura realidad de un sistema que prioriza otras necesidades financieras sobre la reparación de las carreteras. Las respuestas de la DNV a las órdenes judiciales han sido diversas, incluyendo la afirmación de que la asignación de recursos es una decisión técnica y política, no judicial.
Finalmente, el proceso para llevar a cabo las obras es extenso y está sujeto a múltiples etapas burocráticas, lo que retrasa aún más cualquier avance. La crisis vial en Argentina refleja un problema que va más allá de las decisiones judiciales y que requiere una discusión más profunda sobre el futuro de la infraestructura en el país.
Fuente: La Nación
