La Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucionales dos artículos del megadecreto 70/2023, firmado por Javier Milei. Este fallo se añade a la escasa lista de decisiones que han invalidado decretos del Poder Ejecutivo en la Argentina.
Desde la reforma constitucional de 1994, se han emitido más de 970 decretos de necesidad y urgencia, y solo en 18 ocasiones ha intervenido la Corte para invalidar su contenido, según un estudio del constitucionalista Gustavo Arballo. Este fenómeno, junto con el sistema de control establecido por la ley, fomenta un uso más frecuente de los DNU por parte de los presidentes, lo que podría considerarse un “estímulo” para su aplicación.
Antes de este fallo, Milei compartía con la expresidenta Cristina Kirchner el privilegio de que todos sus decretos permanecieran vigentes. Sin embargo, esta situación ha cambiado, y ahora Kirchner es la única que mantiene esa condición. La Corte, que suele tardar años en pronunciarse sobre la constitucionalidad de los DNU, ha tomado esta decisión casi tres años después de la firma del decreto de Milei, que había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024.
Con este fallo, Milei se une a un grupo reducido de cinco presidentes que han enfrentado revés judicial mientras estaban en el poder, entre ellos Menem, De la Rúa, Duhalde y Fernández. El caso más rápido de invalidación corresponde a un decreto de Alberto Fernández, que fue anulado apenas 19 días después de su emisión.
El reciente fallo de la Corte se centra en eliminar las facultades del Estado para controlar los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, uno de los puntos clave del DNU de Milei. No obstante, el razonamiento de la Corte puede repercutir sobre otras disposiciones del megadecreto, a pesar de que no se pronunció sobre la validez del resto de sus artículos.
La Corte ha reafirmado la necesidad de que las invocaciones de crisis y urgencia sean específicas y fundamentadas, ya que los decretos “ómnibus” son considerados como una forma de abuso del derecho. Esto implica que no basta con alegar una crisis, sino que debe haber una conexión clara entre la urgencia y cada medida adoptada.
Fuente: La Nación










