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La Corte Suprema asume el caso de lavado de dinero en la AFA y lo remite al juzgado de Rafecas

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La Corte Suprema de Justicia ha decidido que el juzgado federal de Daniel Rafecas será el encargado de investigar la causa por presunto lavado de dinero que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este caso incluye el polémico asunto de la quinta de Villa Rosa, en Pilar, que se sospecha pertenece al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La Corte ha anulado una sentencia previa de la Cámara Federal de Casación Penal, que había determinado que el juzgado federal de Campana, dirigido por Adrián González Charvay, llevara a cabo la investigación. Los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideraron que la decisión de la Casación había afectado la garantía de juez natural y constituía una violación a las reglas de competencia.

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En su fallo, la Corte destacó que la sentencia de la Cámara omitió analizar los argumentos de la fiscalía, que había sostenido que correspondía a la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires intervenir en el caso. «No se investiga exclusivamente la adquisición de un inmueble en Villa Rosa», sostuvo la Corte, «sino una presunta maniobra de lavado de activos» que involucra a múltiples personas jurídicas y operaciones patrimoniales.

La causa comenzó con una denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes adquirieron la quinta a través de la firma Real Central SRL. Las investigaciones sugieren que podrían ser testaferros, ya que no poseen la capacidad económica para justificar esa compra, con Pantano siendo monotributista y Conte jubilada que dependía del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El caso ha recorrido un camino complicado, pasando por diversas instancias judiciales. Después de que el juzgado de Rafecas se declarara incompetente, el expediente fue enviado al fuero penal económico, que también se negó a asumirlo. La disputa de competencias continuó hasta que la Cámara de Casación envió el caso a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, que finalmente decidió que debía intervenir el juzgado en lo penal económico N° 10.

La Corte enfatizó que la investigación no se limita a la propiedad de la quinta en Pilar, afirmando que «el Partido de Pilar no era el centro de dirección de la actividad bajo investigación». Este fallo marca un punto crítico en el proceso judicial, evidenciando la complejidad de las acusaciones de una red internacional de intermediarios que habrían operado entre 2021 y 2025 para desviar fondos obtenidos por la AFA, utilizando un complejo circuito financiero.

Fuente: La Nación

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