El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, fue extraditado este jueves a Chile, donde está previsto que termine de cumplir una pena a prisión por incendio y tenencia de armas.
El traslado del dirigente originario se produjo en medio de un importante operativo de seguridad, seguido de cerca por funcionarios de ambos países. El líder mapuche se encontraba en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario en Esquel, a donde lo fue a buscar una cápsula conformada por miembros de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Desde allí fue trasladado a la Estación Aérea Brigadier Antonio Parodi, con chaleco antibalas y casco, junto con sus pertenencias: ropa, libros, cuadernos y banderas. En el aeropuerto local, Jones Huala abordó un avión de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, que lo trasladó hasta el vecino país, a donde llegó a las 10:40 de la mañana.
Allí, en el aeródromo Pichoy de la ciudad de Valdivia, fue recibido por personal de Carabineros y representantes del Poder Judicial de Chile. En una cárcel del país trasandino el líder de la RAM debe cumplir el remanente de su pena a prisión, que es de un año, cuatro meses y 17 días, en el marco de una condena por el incendio de una propiedad privada y por la tenencia ilegal de un arma de fuego que él mismo habría fabricado.
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En diciembre pasado, el Gobierno saliente no adoptó decisión política alguna sobre la extradición del referente mapuche, por lo que Jones Huala quedó en condiciones de ser trasladado a Chile, tras una decisión tomada en tal sentido por la Justicia Federal de San Carlos de Bariloche el 31 de julio pasado.
Si bien el traslado a Chile había sido concedido por el Poder Judicial argentino, la última palabra la tenía el Gobierno nacional, que debía conceder o no la posibilidad de extraditarlo. Los plazos para hacerlo, explicaron fuentes vinculadas con la defensa del dirigente mapuche, vencieron a principios de diciembre pasado, sin que se hubiera registrado notificación alguna al respecto de parte de la Casa Rosada en ese momento.
Únicamente se produjo un pedido de la Cancillería a las autoridades penitenciarias para que certificaran el estado de salud de Jones Huala y precisaran si estaba en condiciones de ser trasladado a Chile, dado que el referente mapuche estaba llevando adelante una huelga de hambre en ese entonces y su estado físico se había deteriorado, a punto tal que debió ser internado en un hospital de Esquel, en Chubut.
Su defensa había pedido reiteradamente que Jones Huala pudiera completar en la Argentina la condena que le fuera impuesta en Chile en 2018 por incendio y tenencia ilegal de armas. Las condenas, dos en realidad, fueron a seis años y tres años y un día de prisión por hechos ocurridos en 2013: es decir, nueve años y un día en total. En 2022 un tribunal chileno le concedió la libertad condicional y Jones Huala viajó a la Argentina, pero en el ínterin otra instancia de la Justicia trasandina ordenó volver a detenerlo.
En enero de 2023 fue capturado en la localidad de El Bolsón, en la provincia de Río Negro, aquí en el país, donde se mantenía escondido en condición de prófugo. Su extradición fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en noviembre pasado, tras la decisión inicial del juzgado de Bariloche, después de que la defensa de Jones Huala apelara la medida.
El líder de la RAM, de 37 años y nacionalidad argentina -nació en Bariloche-, fue condenado por la quema de una hacienda en Chile: el fundo Pisú Pisué, en Río Bueno, región de Los Ríos. En esa ocasión, según lo acreditado en el juicio, durante la noche del 9 de enero de 2013 entró a la propiedad acompañado de dos hombres, encapuchados y vestidos con ropa oscura tipo militar y fuertemente armados. Ya en el lugar, intimidaron a una familia de seis adultos y cuatro menores, entre ellos un lactante de seis meses, y prendieron fuego la vivienda.
Este jueves, finalmente, se concretó su extradición a Chile, «para cumplir el saldo de pena de un año, 4 meses y 17 días que le fue impuesta el 21 de diciembre de 2018 por la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Valdivia». En esa oportunidad fue sentenciado a la pena de «6 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de incendio y a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en grado máximo por el injusto de tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal», según se informó de manera oficial.
