Un caso de corrupción judicial ha saltado a la luz, revelando cómo el exfiscal Mariano Ríos Artacho, de 42 años, desvió 425 millones de pesos de cuentas judiciales para financiar su adicción al juego. La acusación, presentada por los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, lo señala como presunto líder de una asociación ilícita que operó entre 2017 y 2024.
La investigación indica que Ríos Artacho, mientras trabajaba en la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación, elegía qué cuentas judiciales vaciar y firmaba los documentos necesarios para hacerlo. Este dinero, destinado a fianzas y fondos secuestrados, terminó siendo utilizado para su compulsión por el juego.
La estructura delictiva contaba con otros miembros que reclutaban prestanombres, retiraban efectivo de los bancos y distribuían los fondos. Los testaferros identificados incluyen a Nahuel R., Daniel B., Bruno B., entre otros. Además, el abogado penalista Emilio Barcacia se encargaba de realizar depósitos para ocultar los faltantes en momentos críticos.
El escándalo comenzó tras la detección de irregularidades en una cuenta judicial, lo que llevó a una investigación que reveló maniobras delictivas que se extendieron por varios años. La Policía Federal Argentina realizó una serie de allanamientos, resultando en la detención de Ríos Artacho y otros nueve involucrados, así como en el secuestro de documentos y dispositivos electrónicos.
Ríos Artacho, quien había sido sancionado anteriormente por irregularidades en su gestión, dejó su cargo en junio de 2024 tras cumplir una suspensión por mal desempeño. Su nombre ya estaba vinculado a otros episodios de corrupción y su conducta había sido objeto de investigaciones previas.
El caso se suma a una serie de denuncias y condenas que afectan al Ministerio Público de la Acusación, donde ya son diez los fiscales o exfiscales enfrentando cargos desde su creación en 2014. Este fenómeno de corrupción ha llevado a la Cámara Federal de Rosario a ordenar auditorías en juzgados federales ante la sospecha de más de 8.000 causas paralizadas.
Fuente: La Nación
