El Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), establecido por la Ley 27.802, busca fomentar las inversiones en el sector agropecuario, pero ha generado controversia al excluir a las pick-ups de su alcance. A pesar de ser consideradas herramientas de trabajo esenciales en las explotaciones agropecuarias, estas camionetas se ven afectadas por una reglamentación específica que limita su elegibilidad.
Un marco normativo restrictivo
La ley detalla que las inversiones elegibles son aquellas destinadas a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos, excluyendo específicamente los automóviles. Sin embargo, la exclusión de las pick-ups no se basa en esta normativa, sino en una remisión a una nomenclatura arancelaria. Esto ha llevado a que las camionetas, a pesar de su función productiva, se encuentren fuera del régimen.
La función de las pick-ups en el campo
En el campo, las pick-ups son utilizadas para el transporte de personal, insumos y herramientas, siendo un elemento vital para la operatividad diaria de las microempresas agropecuarias. La inversión mínima para acceder al RIMI es de U$S 150.000, lo que hace que la exclusión de las camionetas no sea meramente un detalle administrativo, sino un obstáculo significativo para las pequeñas empresas del sector.
El cuestionamiento a la reglamentación
El Decreto 242/2026 introduce un requisito adicional que condiciona la elegibilidad de los bienes al cumplimiento de una clasificación arancelaria. Esto transforma lo que debería ser un criterio basado en la afectación productiva en un filtro que depende de siglas específicas, restringiendo aún más el acceso de las pick-ups al régimen de incentivos.
La necesidad de una actualización normativa
La falta de una nómina actualizada de bienes elegibles, como lo exige el artículo 182 de la ley, es un aspecto crítico que debe ser abordado. La regulación actual contradice el espíritu de la Ley 27.802, que busca impulsar la inversión en el agro. Sin una corrección adecuada, los productores seguirán enfrentando penalidades y complicaciones administrativas que no son de su responsabilidad.
Conclusión
La situación de las pick-ups en el marco del RIMI subraya la necesidad de una revisión profunda de las normativas vigentes. Las camionetas cumplen con los requisitos de inversión productiva establecidos por la ley, y su exclusión por disposiciones reglamentarias no solo contradice el texto normativo, sino que también afecta la capacidad de inversión de los productores agropecuarios. Es esencial que se implemente una normativa que contemple la realidad del sector y permita a los productores acceder a los beneficios que necesitan para crecer.
Fuente: Info Campo
