El juez Martín Cormick ha cobrado notoriedad tras suspender dos artículos de la reforma laboral y establecer multas por el incumplimiento del financiamiento universitario. Cormick, especialista en Derecho Administrativo, ingresó a la magistratura en 2020 luego de desempeñarse en diversos cargos públicos durante las administraciones de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.
Actualmente, ocupa la posición de juez en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 11. Su nombramiento se realizó mediante el decreto 866, firmado por el presidente Alberto Fernández el 5 de noviembre de 2020, tras ser aprobado por el Senado Nacional.
Con un título de abogado y un magíster en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires, Cormick también ha tenido una carrera académica destacada, siendo docente en instituciones como la Universidad de Avellaneda y la Universidad de José C. Paz. Además, es coautor de artículos sobre contratos administrativos y servicios públicos.
Entre sus experiencias previas, Cormick dirigió la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo encargado de la fiscalización de sociedades y entidades civiles, cargo al que fue nombrado por Cristina Kirchner en 2014. También ocupó la Sindicatura General del PAMI entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, bajo la gestión de Luana Volnovich.
Una de sus decisiones más relevantes ha sido la intervención en el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario, promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras universidades. El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional el mecanismo del Poder Ejecutivo que suspendía la ejecución de esta norma, tras un rechazo del Congreso al veto presidencial.
Su juzgado ya había dictado medidas cautelares a favor de las universidades, que fueron confirmadas posteriormente por la Cámara. En junio, la Corte Suprema desestimó un recurso extraordinario del Estado en contra de dicha protección provisoria. Recientemente, Cormick impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la cautelar que exige la actualización de salarios y becas universitarias.
A pesar de que el Gobierno ha anunciado su intención de apelar dicha decisión, lo que ha suspendido los efectos de la sentencia sobre el conflicto universitario, la medida cautelar sigue vigente. Cormick también ha abordado otros casos de relevancia, como el expediente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el protocolo ‘antipiquetes’ del Ministerio de Seguridad Nacional, en el cual declaró nula una resolución que limitaba las atribuciones legislativas del Ejecutivo.
La reciente suspensión de artículos de la reforma laboral se originó en una presentación del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que cuestionó los cambios en la responsabilidad de los profesionales. Cormick ha establecido que esta suspensión tendrá un plazo de tres meses o hasta que se dicte una sentencia definitiva, lo que ocurra primero, sin que esto constituya aún una declaración de inconstitucionalidad.
Fuente: NA
