En un giro inesperado y a menos de 24 horas de la megasesión convocada para rechazar el DNU 70/23, el oficialismo en Diputados ha decidido reponer los límites a la venta de tierras en un intento por contener a sus aliados y desactivar la ofensiva opositora. Esta decisión se ha materializado en un nuevo capítulo sobre la ley de tierras, dentro del marco del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La medida, que fue informada por fuentes cercanas al Gobierno, surge tras las presiones ejercidas por los aliados de la administración, quienes solicitaban una respuesta para no quedar en una posición comprometida al conocer la convocatoria a la sesión. Bloques críticos han calificado esta acción como “un manotazo de ahogado”, reconociendo que ya tenían conocimiento de la maniobra.
El fallo reciente de la Corte Suprema, que suspendió temporalmente la derogación de la Ley de Tierras a través de una cautelar interina, brindó un alivio al Gobierno. Sin embargo, La Libertad Avanza (LLA) buscó demostrar autonomía ante la decisión judicial y al mismo tiempo satisfacer a sus aliados del PRO y la UCR, quienes habían exigido la reactivación de los límites a la compra de tierras por extranjeros.
A pesar de que esta decisión contradice algunos de sus principios, la administración considera que es una concesión “funcional” para preservar el DNU 70/23 de Javier Milei ante los intentos de la oposición por desmantelar la iniciativa en Diputados, luego de su media sanción en el Senado. Con el apoyo del PRO y la UCR, la bancada de Martín Menem logró reunir las firmas necesarias para alcanzar un dictamen de mayoría.
El nuevo texto incorpora dos artículos clave: el 38, que “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, y el 39, que “restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, y sus modificatorias”.
Por otro lado, el bloque de Unión por la Patria (UP) ha presentado un dictamen en minoría, respaldado por los legisladores misioneros Oscar Herrera Ahuad y Yamila Ruíz, en total rechazo a la iniciativa libertaria. Desde el bloque peronista, acusan al espacio liderado por Gabriel Bornoroni de “desempolvar una media sanción que había quedado olvidada” y critican el proceso de dictaminación que se llevó a cabo “entre gallos y medianoche”.
El debate en las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales ha evidenciado la tensión existente entre los libertarios y la oposición, caracterizada por intercambios acalorados que incluyeron insultos y reproches. A pocas horas de la convocatoria, varios legisladores que impulsan la sesión admiten que el quórum no está asegurado, con estimaciones que fluctúan entre 120 y 123 votos, a seis de los 129 necesarios para habilitar el recinto.
Fuente: La Nación
