La reciente colocación de rejas en el monumento a Julio Argentino Roca, ubicado en el Centro Cívico de una ciudad patagónica, ha generado un intenso debate político y social. La intervención, impulsada por el Instituto Rocaniano y respaldada por la intendencia local, busca proteger la escultura de actos de vandalismo, pero ha encontrado resistencia en el Concejo Deliberante.
El cerramiento, que se completó hace unos días, no solo rodea la emblemática estatua ecuestre de Roca, sino que también incluye un plan de restauración integral de la obra, que pesa más de 5.000 kilogramos. Las tareas de restauración están supervisadas por el artista local Daniel De Gaetano y contemplan trabajos de sellado, limpieza y reposición de elementos de la escultura.
El costo total de la obra supera los $50.000.000, financiados completamente a través de donaciones privadas. Martiniano Duarte, presidente del Instituto Rocaniano, enfatizó que no se ha solicitado apoyo económico al Estado para este proyecto, que se inició hace cuatro años y obtuvo la aprobación necesaria de la Comisión Nacional de Monumentos.
Sin embargo, la instalación del cerramiento ha provocado una reacción política en el Concejo Deliberante. La concejal Roxana Ferreyra ha cuestionado la falta de debate previo y la ausencia de notificaciones a las comisiones legislativas sobre la intervención. Ferreyra solicitó informes al Ejecutivo Municipal, argumentando que cualquier alteración en un Monumento Histórico Nacional debe contar con autorización formal y el visto bueno de organismos pertinentes.
Además, la concejal destacó la necesidad de un consenso en decisiones que afectan símbolos de gran sensibilidad comunitaria, poniendo en evidencia la urgencia por el mantenimiento del Centro Cívico, cuyo estado general ha sido objeto de críticas. La rapidez en la colocación de las rejas contrasta con el deterioro del espacio público circundante.
Este conflicto no es nuevo y se inscribe en un contexto más amplio de disputas sobre el monumento, que ha sido foco de protestas sociales y controversias históricas desde su instalación en 1941. La historia reciente incluye intentos de reubicación de la estatua, que fueron frenados por medidas cautelares dictadas por la Justicia, limitando las acciones a conservación y mantenimiento.
Con la reja definitiva, el debate sobre el uso del espacio público y la preservación del patrimonio cultural vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política local, resaltando la complejidad de gestionar símbolos que evocan diversas interpretaciones y sentimientos en la comunidad.
Fuente: La Nación
