Un reciente informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) revela que apenas 1,3% de las denuncias presentadas contra jueces federales y nacionales culminaron en sanciones o remociones. Este análisis abarca los 27 años de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, en el que se registraron 5170 denuncias.
De estas, 4910 fueron cerradas, 260 continúan en trámite y solo 43 jueces recibieron sanciones disciplinarias, que incluyen 21 multas y 22 apercibimientos. Además, 21 magistrados fueron destituidos. Cabe resaltar que 469 denuncias fueron desestimadas por la caducidad, debido a que no hubo resolución del plenario dentro de los tres años establecidos por la ley.
El estudio, titulado “¿Justicia intocable?”, se presenta en una plataforma llamada JusTA que detalla las denuncias y las opiniones de especialistas sobre los resultados del análisis. El informe destaca que los jueces solo pueden ser removidos si se demuestra que cometieron delitos o incurrieron en mal desempeño, lo que incluye faltas como el incumplimiento de normas procesales o la falta de respeto hacia otros participantes en el proceso.
Cuando una denuncia es recibida por el Consejo, se clasifica en la Comisión de Disciplina o en la de Acusación, dependiendo de la gravedad de los hechos. Actualmente, 225 expedientes están en Disciplina y 32 en Acusación. Si el caso avanza en Disciplina, el juez podría recibir advertencias o multas, mientras que en Acusación podría enfrentar un jury de enjuiciamiento.
El informe de ACIJ menciona tres casos emblemáticos: los jueces Diego Hernán Papa, Ariel Lijo y Federico Villena. Papa fue denunciado en 2023 por maltrato y acoso laboral, pero su caso fue archivado sin resolución tras tres años. Lijo, con 41 denuncias en su trayectoria, también vio la mayoría de sus casos desestimados. Por su parte, Villena enfrenta denuncias por atribuirse competencias indebidas, con el mismo riesgo de caducidad si no se resuelve pronto.
El informe señala una notable pasividad del Consejo en el manejo de estas denuncias, lo que contribuye a que muchos casos queden sin resolución. ACIJ destaca que la falta de un proceso reglamentado y la escasa frecuencia de las reuniones de comisiones están detrás de esta situación.
Expertos consultados han expresado su preocupación por la ineficacia del sistema. En particular, la exdiputada Marcela Rodríguez subraya el poder de los jueces en la Comisión de Disciplina y cómo esto puede proteger a los magistrados de ser investigados. Por otro lado, Alfonso Santiago afirma que no todos los casos que debieran ser juzgados llegan al Jurado de Enjuiciamiento, lo que pone en entredicho la efectividad del proceso. Finalmente, Mauro Benente señala que la baja cantidad de sanciones aplicadas podría reflejar problemas en el diseño institucional y no necesariamente la excelencia de los jueces.
El informe concluye que, aunque la complejidad del proceso de remoción de jueces es una garantía de independencia, la ineficacia en la investigación puede llevar a una garantía de impunidad.
Fuente: La Nación
