Las fuerzas de seguridad en el país enfrentan un grave problema, con más de medio millón de chalecos antibalas obsoletos acumulándose en depósitos. Esta situación se agrava al conocerse que parte de este material ha sido encontrado en circuitos ilegales y en posesión de delincuentes.
De acuerdo con la normativa del RENAR, los chalecos antibalas tienen una vida útil certificada de cinco años, tras la cual no se puede garantizar su eficacia balística. Sin embargo, una auditoría interna del Ministerio de Seguridad de la Nación reveló que las fuerzas como Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal poseen 76,812 chalecos, de los cuales 49,159 están vencidos, lo que representa un 64% del total.
Este problema se extiende a las fuerzas provinciales y municipales. Por ejemplo, la Policía de la Ciudad ha retirado 6,147 chalecos vencidos, y otras provincias han tenido que incorporar nuevas unidades para hacer frente a la situación. En Córdoba, se sumaron 17,000 chalecos ante un faltante operativo.
La gravedad de la situación también ha sido evidenciada en investigaciones judiciales. En febrero de 2026, se detuvo a un armero de una banda criminal con un chaleco antibalas de la Policía provincial, lo que pone de manifiesto los riesgos de seguridad pública asociados a la reutilización de estos materiales.
Los paneles balísticos pueden conservar parte de sus propiedades tras su vencimiento, lo que permite su reutilización si no se destruyen adecuadamente. Especialistas advierten que esto puede facilitar la fabricación clandestina de nuevos chalecos y otros elementos de protección.
La ANMaC ha regulado la destrucción de chalecos obsoletos mediante la normativa de Materiales de Usos Especiales (MUEs) y ha autorizado a empresas privadas para llevar a cabo este proceso. No obstante, hasta la fecha, las órdenes de destrucción de lotes defectuosos no se han concretado debido a la falta de capacidad tecnológica.
En la actualidad, solo existen dos máquinas habilitadas para la destrucción de materiales balísticos en el país, pertenecientes a Tecnología Antibalas S.A. (Tecant), lo que limita la capacidad de respuesta ante esta acumulación crítica. Aunque se dispone de la normativa y capacidad técnica necesaria, su implementación depende de decisiones gubernamentales a nivel nacional, provincial y municipal.
Fuente: NA
