La reciente detención de dos exfuncionarias de la ANMAT ha desatado una profunda preocupación en el oficialismo debido a las implicaciones que podrían tener para el ministro de Salud, Mario Lugones. Este escándalo se enmarca en el contexto de muertes relacionadas con fentanilo adulterado, que han causado al menos 90 víctimas fatales.
El expediente judicial, que está a cargo del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, menciona al ministro, lo que ha generado inquietud en la Casa Rosada. Según fuentes oficiales, el caso representa un escándalo latente que podría escalar y afectar la estabilidad del gobierno.
A pesar de la presión, Lugones ha mantenido su cargo y ha recibido apoyo público del presidente Javier Milei. Sin embargo, quienes lo conocen afirman que está consciente de la fragilidad de su situación y de que la política podría utilizarlo como blanco en este conflicto.
Las exfuncionarias detenidas, Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, fueron acusadas de ser responsables en la producción y comercialización del fentanilo contaminado. Ambas fueron excarceladas tras pagar una caución real de 75 millones de pesos. En sus declaraciones, Mantecón Fumadó mencionó que Lugones estaba al tanto de las decisiones que se tomaban sobre los laboratorios involucrados.
La situación se complica aún más con las tensiones internas en el Ministerio de Salud, donde hay conflictos entre el equipo de Lugones y otros colaboradores. A esto se suma la presión por las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, que también está bajo la órbita de Salud. Los problemas en la gestión se amplifican en un contexto político adverso, con el kirchnerismo buscando reinsertar el tema del fentanilo en la agenda pública.
En medio de este panorama, Lugones ha propuesto una reforma profunda en la ANMAT, reconociendo las deficiencias estructurales del organismo que regula la industria farmacéutica. Este escándalo ha resaltado la necesidad de una legislación más robusta que regule su funcionamiento diario, algo que líderes de la oposición han estado pidiendo con insistencia.
Mientras el Gobierno asegura que no hay vínculos con la situación judicial de las exfuncionarias, la incertidumbre persiste y los efectos de este escándalo podrían tener repercusiones significativas en la gestión del oficialismo.
Fuente: La Nación
