El gobernador de California, Gavin Newsom, ha firmado la ley AB 1655, una normativa que busca salvaguardar a las familias con miembros inmigrantes detenidos. Esta ley, que aún no está vigente, comenzará a aplicarse el 1° de julio de 2027, o cuando el Departamento de Servicios Sociales informe que el sistema estatal esté preparado para implementarla.
La ley AB 1655 establece que la detención migratoria de un integrante del hogar no provocará de manera automática la reducción de la asistencia económica que recibe la familia a través del programa CalWORKs. Este programa proporciona ayuda financiera y servicios a familias de bajos ingresos en California, utilizando fondos federales, estatales y de los condados.
Antes de la implementación de esta ley, la normativa solo contemplaba ausencias temporales por motivos como hospitalizaciones. Ahora, la ley incluye la detención en instalaciones federales de inmigración, considerando a cualquier miembro detenido como temporalmente ausente del hogar durante su detención.
Para que la familia mantenga su asistencia económica, los demás integrantes deben seguir cumpliendo con los requisitos de elegibilidad establecidos por CalWORKs. Además, es necesario que la persona detenida cumpla con los criterios de elegibilidad, más allá de su situación de detención. Si la detención ocurre fuera de California, la persona debe tener la intención de regresar al estado una vez liberada.
Por otro lado, la ley también requiere una declaración escrita y jurada del solicitante o beneficiario para verificar la detención. Hasta que se implementen los reglamentos correspondientes, el Departamento de Servicios Sociales podrá guiar a los condados mediante instrucciones escritas.
La AB 1655 es parte de un paquete más amplio de leyes que abordan la detención migratoria, la transparencia en el control migratorio y los derechos civiles, entre otros temas. Este paquete incluye un impuesto del 25% a los centros privados de detención y establece límites en el uso de dispositivos de electrochoque por parte de las fuerzas de seguridad. Aunque California no tiene poder para regular la política migratoria federal, sí puede establecer normativas sobre programas administrados a nivel estatal.
Fuente: La Nación










