Un reciente informe revela que el 21,70% de los laboratorios habilitados en Argentina no ha recibido una inspección en más de cinco años, lo que pone en riesgo la seguridad sanitaria de los medicamentos consumidos por la población. Esta situación fue documentada en un estudio de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y será incorporada a la causa sobre el fentanilo contaminado, que investiga la muerte de al menos 90 personas.
La auditoría indica que la falta de inspecciones no es un hecho aislado, sino parte de una inercia administrativa que permite que los reportes por desvíos de calidad permanezcan sin resolución durante períodos que superan los 600 días. Esto genera un entorno propicio para la elaboración de medicamentos que no cumplen con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
Las BPF son esenciales para garantizar que los medicamentos sean producidos y controlados de manera uniforme, asegurando su pureza y eficacia. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es responsable de regular estas prácticas, sin embargo, el informe señala que la Disposición ANMAT N° 4159/2023 no establece plazos obligatorios para las inspecciones.
El análisis de la SIGEN concluye que uno de cada cinco laboratorios habilitados ha quedado fuera del radar de control, lo que plantea serias dudas sobre la calidad de los medicamentos en el mercado. La investigación sobre el caso del fentanilo, que ha llevado a la imputación de varios funcionarios, evidencia la falta de un sistema de control efectivo.
Adicionalmente, la auditoría también reveló problemas en la documentación de inspecciones, ya que no siempre existe un respaldo que certifique los hallazgos realizados durante las visitas. Esta situación pone en evidencia una falta de transparencia y control dentro de la ANMAT.
Como resultado de este informe, se recomienda que la máxima autoridad de ANMAT establezca plazos formales para las inspecciones y priorice las revisiones de los laboratorios que no han sido controlados en los últimos años. Esta medida busca garantizar que los medicamentos que consumen los argentinos cumplan con los estándares de calidad y seguridad necesarios.
Fuente: La Nación
