El Comité para la Prevención de la Tortura, primer mecanismo local de prevención de la tortura en Argentina con 10 años de experiencia, ha experimentado un crecimiento significativo y avances notables en su labor. Sin embargo, aún enfrenta una deuda pendiente: la aprobación de su estructura y un presupuesto adecuado para cumplir con su responsabilidad fundamental.
Según palabras del presidente del Comité, Darío Edgardo Gómez: «Aunque hemos crecido y avanzado, aún tenemos una deuda pendiente: la aprobación de la estructura y un presupuesto adecuado para cumplir con nuestra responsabilidad». Con menos de 40 personas, el Comité asume la crucial tarea de monitorear y controlar las fuerzas de seguridad, así como otros ámbitos de privación de libertad. Estas funciones son esenciales para prevenir la violencia institucional y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Gómez resalta la importancia del reconocimiento y apoyo del Estado: «Necesitamos el reconocimiento y apoyo del Estado para poder avanzar mejor en nuestra labor». El respaldo a la estructura de cargos del Comité no solo es un acto de cumplimiento con compromisos internacionales, sino también una inversión en la defensa de los derechos humanos y en el fortalecimiento de la primera línea defensiva contra posibles violaciones en el Chaco.
Un organismo sostenido por el compromiso con los derechos humanos
Es imperativo recordar que esta iniciativa va más allá de un cumplimiento legal; también tiene un impacto directo en la vida de alrededor de 40 familias que dependen exclusivamente de los ingresos generados por este organismo. En un momento de crisis y coyuntura política, respaldar la estructura de cargos del Comité no solo es un acto de compromiso con los derechos humanos, sino también un gesto de apoyo a aquellas familias que dedican sus esfuerzos diarios a esta causa.
El Comité para la Prevención de la Tortura desempeña un papel crucial en la defensa irrestricta de los derechos humanos de sectores vulnerables instucionalizados, incluyendo mujeres, adolescentes, niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y con padecimientos de salud mental. Con una composición equilibrada de géneros y el respeto a la diversidad, este organismo aborda integralmente los desafíos en materia de derechos humanos.
En un contexto donde la prevención de la violencia institucional es esencial, el Comité se posiciona como la primera línea defensiva para evitar violaciones graves a los derechos humanos por parte del Estado. El respaldo a su estructura de cargos no solo fortalece la capacidad del organismo, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad justa y respetuosa.
Por eso, el Comité hace un llamado urgente a los legisladores para que respalden esta iniciativa crucial. La aprobación de la estructura de cargos y el presupuesto adecuado son pasos esenciales para consolidar un organismo independiente y efectivo en la protección de los derechos fundamentales en Argentina.
